La nulidad del vínculo conyugal

Aunque habitualmente estemos acostumbrados a que el vínculo conyugal se escinda como consecuencia de una separación o divorcio, es también frecuente que llegue a su fin como consecuencia de la denominada nulidad matrimonial. Las causas que traen aparejada la solicitud de la nulidad se encuentran contenidas en el art. 73 del Código Civil.





Podrán ser declarados nulos los siguientes matrimonios:

  • Los celebrados sin consentimiento.
  • Los celebrados entre personas que no pueden contraerlo, ya sea por incapacidad o prohibición recogida en la ley de forma expresa, salvo en aquellos supuestos en los que la imposibilidad sea dispensada.
  • Los contraídos sin la intervención del juez, alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, así como los celebrados sin la presencia de los testigos.
  • Las uniones celebradas cuando se incurra en error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, sean determinantes en la prestación del consentimiento.
  • Los contraídos mediando coacción o miedo grave.

Posteriormente, es el Juez el encargado de declarar la nulidad matrimonial mediante la correspondiente solicitud, que deberá ser presentada junto a una demanda de nulidad por uno de los cónyuges, siguiendo siempre el procedimiento previsto para las separaciones o divorcios contenciosos.

Reconocida la nulidad, se entenderá finalmente que el matrimonio es nulo desde el momento en el que se celebró.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece cuatro tipo de procedimientos para el orden civil: el juicio ordinario, el juicio verbal, el juicio monitorio y el cambiario. La aplicación de uno y otro se basa en dos criterios, estos son, la materia de que se trate y la cuantía de la reclamación.

En el caso del juicio verbal, se tramitan los siguientes asuntos por razón de su materia además de aquellos que por razón de la cuantía también se puedan llevar por esta vía de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La recuperación de la posesión de una finca por impago de la renta o cantidades debidas en el ámbito de los contratos de arrendamiento o de las fincas rústicas o urbanas por el propietario o cualquiera que ostente este derecho.

También sigue estos cauces la protección de derechos reales inscritos cuando se pretenda demandar la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio y las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

Entre otras, se encuentran también las demandas para la solicitud de alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

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