Defensa de los intereses de la comunidad

Entre las funciones que se otorgan al presidente de una comunidad en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentra la que se refiere a la representación legal de la comunidad. Bien es cierto, que a pesar de que la representación se le atribuye a él, la decisión sobre cualquier asunto de índole judicial corresponde a la Junta de Propietarios, por ejemplo, la decisión sobre iniciar un procedimiento judicial contra un propietario moroso.

La práctica permite conocer supuestos en los cuales en aras de la defensa de los intereses de la comunidad, uno de los propietarios actúa judicialmente y la jurisprudencia admite esta posibilidad siempre que exista un aprovechamiento para el resto de comuneros. Esta posibilidad que se abre da lugar a que sea posible que el presidente de la comunidad actúe sin un acuerdo de la Junta de propietarios, ya que en el mismo reside la condición de comunero.

Los Tribunales han señalado que conforme se establece en la legislación aplicable existen ciertos ámbitos en los cuales el Presidente es el único legitimado para representar a la comunidad en un procedimiento judicial, por ejemplo, en el procedimiento de cesación.

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